6 años después, ¿Seguridad… democrática?

Masacre en Colombia de Fernando Botero

Hace rato no tocaba temas de ese país que es el mío, ese que alguien alguna vez re – bautizó Locombia. En parte porque a veces quiero que la vida trascurra con ánimo sosegado, y allá todos los días pasan cosas que desafían la tranquilidad y arrastran, en el mejor de los casos, a una angustia callada. Y por otro lado, porque esta otra realidad, en este otro país – Argentina – no por menos convulsa deja de atropellarme cotidianamente.

Me pregunto, ¿qué dirán hoy aquellos que argumentan el poder viajar tranquilamente por carretera en vacaciones, para explicar lo mejor que se vive en Colombia con Uribe?

Qué dirán cuando despues de 6 años de la famosa política de seguridad democrática, los datos (artículo de Semana) muestran que las bandas organizadas, algunas nuevas, otras de desmovilizados del paramilitarismo rearmado, y algunas más que responden al narcotráfico, tienen el país así:

Para aclarar: Las Águilas Negras son bandas criminales emergentes que, según las autoridades, son responsables de amenazas contra sindicalistas, concejales, profesores, periodistas, funcionarios de Personerías y Defensorías. Es obvio, como dicen los investigadores de la Corporación Arco Iris, quienes hicieron este relevamiento con información oficial y trabajo de campo, que su interés no es meramente criminal, tienen un evidente interés político.  La organización de Don Mario, está compuesta por ex paramilitares que no se desmovilizaron o se salieron de la negociación para su desmovilización. Don Mario está considerado el narcotraficante más poderoso, tanto que lo comparan con el mismísimo Pablo Escobar. La Organización al Servicio del Narcotráfico, así en mayúscula, ni necesita explicación. Sus representantes más conocidos parecen ser Los Rastrojos y Los Machos.

Pero además algo que me preocupa especialmente de este informe es esta conclusión:

Algunas zonas de influencia de los paramilitares están en los 60 municipios del programa gubernamental llamado “Consolidación Social del Territorio”, que buscaba recuperar la institucionalidad en zona de conflicto. La presión militar para perseguir a las “bandas criminales” no es tan intensa en estas zonas, como sí ocurre en las áreas donde operaba el Plan Patriota contra las Farc.

Y aquí vuelvo y cuestiono de nuevo a los defensores a ultranza de la política represiva de Uribe, ¿la tolerancia cero y la mano dura es para quien?

Porque mientra estas “banditas” vuelven a pulular por el país, veo esta otra noticia:

La Fiscalía 12 de la Unidad Antiterrorismo, la misma que hace un mes ordenó de manera insólita revisar las bases de datos de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Nacional y el Sena, en desarrollo de una investigación por supuestos nexos de estudiantes y profesores con la guerrilla, también fue la que solicitó la interceptación de 152 correos electrónicos, entre los que figuran los de prestigiosos columnistas, periodistas, académicos, organizaciones de derechos humanos y ni más ni menos que la actual secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón.

Para los que no conocen, todas las universidades mencionadas son públicas, la Nacional es la principal del país, como la UBA en la Argentina o la UNAM en México. Según vi además en la lista hay directores de cine, el decano de Economía de la universidad de Los Andes (privada), en otros tiempos “alma mater” de peso político en diversos gobiernos (en éste se ve que no), escritores y hasta un funcionario de Naciones Unidas.

Y me pregunto y les pregunto de nuevo, ¿de verdad se sienten seguros y en democracia?

El Cazador de Fernando Botero

¿¿¡¡Ley de punto final…??!!

Colombia está de moda. Está en las noticias prácticamente todos los días por obra y gracia de las FARC, de Chávez y de los secuestrados.

Un poco agotada del tema y pensando que en todo caso le faltaba una pata al gato (o sea, al problemita que tenemos por allá), esta semana pensaba esperar a ver qué pasaba el 4 de febrero. Ese día se realizará la marcha contra las FARC, convocada inicialmente de manera privada a través de Facebook y que se convirtió en un fenómeno internacional y casi institucional. Aquí en Buenos Aires se realizará ese mismo día a las 3:00 de la tarde en la plaza San Martín.

Así que había decidido abstraerme un poco de mi colombianidad política. Pero no puedo con mi alma…, la pata que le faltaba al gato, apareció.

Leí en una entrevista que le hicieron a la ex congresista colombiana Rocío Arias, que la señora proponía como solución al conflicto y para lograr la paz tan esquiva, implementar una ley de punto final!… una verguenza que ya se experimentó en la Argentina y que por fortuna lograron revertir.

Para quien no la conozca, Rocío Arias es una periodista que ganó sorpresivamente una curul en la cámara baja del congreso colombiano en el 2002. Desde el comienzo se destacó por defender el proceso de desmovilización de los paramilitares y después fue señalada por ser una de las congresistas impuestas por las fuerzas de la extrema derecha.

Militó siempre bajo el manto de partidos uribistas, hizo campaña por el actual presidente y como congresista apoyó regionalmente a candidatos marcados por las AUC – Autodefensas Unidas de Colombia -. Fue protegida por ex -senador Mario Uribe, primo y escudero del presidente, hasta cuando ya fue políticamente insostenible.

Fue expulsada de los partidos políticos que la habían apoyado. El año pasado se le abrió investigación formal por el delito de concierto para delinquir agravado, por sus nexos con varios jefes paramilitares. La semana pasada se entregó a la Fiscalía, aceptó los cargos y se acogió a la sentencia anticipada para conseguir beneficios en su condena. Es una de los 40 congresistas que han tenido que dejar su silla en el parlamento y están siendo investigados por sus alianzas con la extrema derecha armada.

Hoy se presenta como escudera de la paz y ante la pregunta del diario El Espectador acerca de si la parapolítica seguirá, responde:

Esto es inatajable y creo que debe haber una ley de punto final. La totalidad de la verdad lo que hace es levantar heridas y tenemos es que sacar el país adelante. La verdad total es imposible. Además, es muy difícil meter a más de la mitad del país a la cárcel, no podemos seguir con este desangre. Creo que todas las fuerzas políticas, civiles y de la sociedad deben preguntarse si queremos una verdadera paz para Colombia.

Se puede pasar por alto y pensar que dada la situación en la que se encuentra – esto es, negociando la rebaja de su condena – es una declaración básicamente retórica de alguien caido en desgracia.

Pero antes de subestimar este tipo de frases, hay que tener en cuenta que estamos hablando de grupos que han utilizado motosierras y otros métodos abominables para asesinar a miles de personas, que han llegado a los pueblos con lista en mano y se han llevado a miles de campesinos que jamás volvieron a aparecer. Y gracias a la Ley de Justicia y Paz, sus líderes están confesando estos crímenes con total desparpajo, con la seguridad de lograr rebajas de penas para sus delitos atroces.

Se calcula que de las masacres perpetradas en la década de los 90 y lo que va de este siglo, entre el 70 y el 80% fueron responsabilidad de los paramilitares. Solo en el 2003 hubo más de 1400 muertos en 317 masacres.

Ese mismo año, Colombia fue declarado el país con más muertes violentas en el mundo según el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia, con 27.840 asesinatos solo en el 2001 y 33.495 heridos en hechos violentos. En el informe solo tienen en cuenta las muertes estadísticamente documentadas y no hay forma de contar con los desaparecidos que últimamente andan “apareciendo” en numerosas fosas comunes.

El presidente colombiano ha sido acusado, en el mejor de los panoramas, de rodearse de políticos y colaboradores que han favorecido y facilitado las acciones de las fuerzas paramilitares. Y que pese a la increible declaración – del mismo Uribe -, de que ya no existe paramilitarismo en el país, se siguen denunciando muertes y desapariciones a manos de fuerzas de extrema derecha.

Rocío Arias no cayó en total desgracia, ni habló solo como método de negociación. Es posible que en 7 u 8 meses ya esté de nuevo en libertad. Y sus palabras tienen sustento histórico, pues recogen un rumor que ya había circulado en los pasillos del Congreso a principios de 2007, cuando el escándalo de la parapolítica comenzó a acercarse demasiado a los círculos más íntimos del pode político. La revista Semana se hizo eco y se preguntó si el gobierno estaría buscando una ley de punto final para las AUC.

Así que la retórica de algunos personajes en Colombia no es solo eso. Los hechos generalmente sobrepasan la impunidad de las palabras.

No, no se puede olvidar. No se puede poner solo un punto final al desangre, que esta patrocinadora de asesinos, pide no seguir y que durante años ella misma fustigó desde su lugar de legisladora, junto a otros muchos colegas.

Sin reparación, sin verdad no se puede construir hacia el futuro… suponiendo que el desangre se haya detenido. Y no es el caso. Mientras la Ley de Seguridad y Paz siga privilegiando medidas autoritarias y salidas militares, Colombia estará lejos de lograr un mínimo estado de cosas que permita el comienzo de un camino hacia la reconciliación.

Ley de punto final significa impunidad. Si lo sabrán aquí en la Argentina…